Encuestas y Preguntas sin Respuestas

Por cesar Ortiz Anderson

Para nada deben sorprender las recientes encuestas respecto de la sensación de inseguridad, son más bien limitadas a la dura realidad que vivimos en materia de seguridad ciudadana, que según Datum el 87% de los peruanos se siente inseguro y en Lima sube a 94%, claramente muestra una ausencia de calidad de vida de la población, no es difícil suponer que ante una demanda y necesidad tan grande, al menos en forma inequívoca, la respuesta de las autoridades debería ser prioritaria y contundente. La encuesta revela que 50% de los entrevistados además declara que ellos o algún familiar han sido victimas de un acto delictivo.

Está claro que el gobierno no ha tenido ninguna respuesta coherente, ni efectiva, es cierto además que lo legislado por el Congreso de la República no contribuye  prácticamente en nada y en algunos casos, es incluso contrario a los fines de combatir el crimen organizado y la delincuencia. También es cierto que es visible el franco deterioro del Ministerio Publico, del Poder Judicial y ciertamente con un sistema carcelario colapsado y corrupto.

La respuesta del Gobierno como en muchos otros temas demuestra una ignorancia supina, encubierta además con declaraciones contradictorias y con mentiras descaradas, por un lado,  del décimo tercer Ministro del Interior –en el lapso de veinte meses del desgobierno de Dina Baluarte- quién relieva el éxito de los estados de emergencia basándose  tan sólo en la cantidad de detenidos y en la misma semana el Primer Ministro declara reconociendo que no hay posibilidades de poner más personas en las cárceles, este último además en una cínica reacción, emergente de algún recóndito lugar de sus últimas neuronas disponibles, culpa a los actores políticos y sociales de las medidas de legitima protesta ciudadana, ante esta situación de inseguridad, que causa el malestar y rechazo popular ante la ola de criminalidad impune que debemos enfrentar. Capturas equivocadas, números inventados, logros inexistentes, son la consecuencia de la incapacidad y además de la supuesta necesidad de mostrar algo, ya a estas alturas cualquier cosa puede ser falsamente declarada.

La falta de liderazgo y articulación presidencial es evidente, así como la falta de planes y estrategias; está crisis también desnuda todos los problemas del sistema de justicia penal en el Perú, en forma cotidiana y en cada institución, los números del delito seguirán creciendo, los impactos en la economía se harán más palpables y la única constante serán las ineficientes gestiones de todas estas autoridades inútiles y sin norte respecto de afrontar el problema, que colisionan entre sí.

Creo que a estas alturas la respuesta de a falta de pan que coman torta, podría ser el inicio de la caída de este gobierno, los ciudadanos requerimos respuestas tanto coherentes como efectivas, frente a una mandataria y gabinete que inicialmente se pensaba que no sabían resolver el aciago y crónico problema de la inseguridad ciudadana; sino que no quieren hacerlo -dado que se han efectuado sugerencias ante las cuales, hay gubernamentalmente oídos sordos- y esto sucede porque no se trata de tan sólo la comisión de un concurso real de delitos graves como extorsiones, sicariatos, asaltos, etc., sino con un componente ideológico que pregona el Socialismo del siglo XXI para implantar el comunismo, que es un propósito trasnochado y errático en los países del mundo donde se ha pretendido aplicar.

Debemos reconocer que este escenario de crisis de seguridad, generada por el caos moral y político a nivel de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) acompasados por la nefasta y corrupta gestión de instituciones como el Ministerio Público, ONPE, INPE, RENIEC, etc., y acompañadas por una inercia, indiferencia e tolerancia de una comunidad peruana enferma, adormitada y que se descalifica por ser una sociedad anómica con perspectiva de un pronóstico reservado donde la colectiva reacción y la comprendida impaciencia tiene que hacerse presente en el marco de ley en respuesta a lo que invoca el artículo 46  de la Constitución Política de Perú al que tiene derecho la población civil afectada por este desgobierno.

Frente a los síntomas descritos, no existe otro diagnóstico que el de un cáncer político en proceso de metástasis extendiéndose criminalmente en  la sociedad peruana y en todas sus instituciones, situación no casual, sino causal, que evidencia los efectos del accionar delictivo impune abierto y encubierto de una partidocracia de extrema izquierda elegida en las últimas elecciones, cuyo líder, marxista leninista castro chavista, prosenderista y  pro narcoterrorista, prófugo  de la justicia, gracias a sus vínculos presidenciales, continua manejando los invisibles hilos del poder con sus marionetas de turno.

Finalmente, tendrá, el Gallo Zamora, experto en causar desmadres sociales y en preparar el terreno político para la instauración de gobiernos procastristas en la región e íntimo del prófugo, alguna participación activa para los logros de conmoción social actuales y los que se avecinan galopantes en nuestro amado Perú?. Sabrá la DINI la respuesta?, Si no la sabe, que espera para buscarla y si la sabe, que están haciendo las FF AA y la PNP en defensa de la Patria, ojala no sea muy tarde cuando reaccionemos.

César ORTIZ ANDERSON

Presidente de APROSEC

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