Dictan prisión preventiva a tres miembros de red criminal "Los Mochaobras de Molino"

Huánuco.- El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ha ordenado 36 meses de prisión preventiva para tres de los cuatro detenidos en el caso "Los Mochaobras de Molino". La jueza Margarita Salcedo Guevara emitió el fallo contra Jean Kevin Sumarán Lino (43), Jhon Edgar Aquino Jara (35) y César Eugenio Orizano (42), mientras que Milyada Valderrama Ortega recibió comparecencia restringida con caución económica.

La investigación, liderada por el fiscal Iván Andrés Espinoza Vargas del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), aún tiene pendiente resolver la situación legal de dos implicados claves: Víctor Humberto Morales Chocano, conviviente de la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, y Marco Antonio Palacios Adauto. Ambos enfrentan cargos por presunta organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.

El caso tomó un giro significativo el 11 de septiembre cuando la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) y fiscales realizaron operativos simultáneos en Lima y Huánuco. Desde entonces, Morales Chocano, pareja de la parlamentaria, permanece prófugo de la justicia. El requerimiento fiscal de prisión preventiva, un documento de 485 páginas, fue presentado el 20 de septiembre para seis personas en total.

Según la investigación fiscal, el esquema criminal operaba a través del gobierno local de Molino, donde Marco Antonio Palacios, en su rol de subgerente de Infraestructura, habría participado en la manipulación de procesos de selección para obras públicas. La fiscalía sostiene que la organización recibía porcentajes de dinero de empresas beneficiadas con contratos de obras públicas, específicamente el 6% del costo directo de cada proyecto.

La red criminal presuntamente extendía sus conexiones hasta altos niveles del gobierno nacional. La fiscalía ha señalado que parte de los fondos obtenidos ilegalmente fueron canalizados hacia una mega organización que incluiría al ex presidente Pedro Castillo Terrones. Estos pagos habrían sido realizados como contraprestación por facilitar la aprobación de expedientes técnicos en el Ministerio de Vivienda y asegurar la asignación de presupuestos para las obras.

La investigación se centra en múltiples obras públicas en Molino, incluyendo la construcción y mejoramiento de varios jirones y calles de la localidad. Los fiscales argumentan que estas obras fueron utilizadas como vehículos para generar ganancias ilícitas para los miembros de la organización criminal, aprovechando los fondos públicos transferidos para su ejecución.

Fuente: tudiariohuanuco.pe