Perú: Inseguridad, caos y desgobierno se hacen mas evidentes

Por Cesar Ortiz Anderson

Para muchos especialistas en Seguridad Ciudadana, el número de víctimas por homicidio en el Perú está alcanzando el promedio diario al que se llegó durante los años más violentos del enfrentamiento contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. Los escándalos de corrupción y mal uso del poder en el gobierno no contribuyen en nada al restablecimiento el orden social. La politización de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior hunden al país en el caos y la violencia urbana. Las autoridades intentan aplicar algunas medidas contra la delincuencia: Estado de emergencia en Lima y Ley del Terrorismo Urbano.  

La crisis política y social que vive el Perú caracterizada por la inestabilidad en el gobierno, la corrupción generalizada y la impunidad del delito, y que ha llevado al país a tener seis presidentes en lo últimos seis años, se ha acrecentado lejos de haber encontrado el país la estabilidad y la normalización prepandemia. 

La situación de caos y de crimen en las calles ha llevado al Perú a cambiar 12 ministros del Interior sucesivamente en los últimos tres años. Lo más grave para la Seguridad Ciudadana es que desde el gobierno de Pedro Castillo se ha intentado politizar a la Policía Nacional, no sólo con políticas de ideología de izquierdapropias del partido político Perú Libre de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, sino también haciendo partícipe a la institución policial de la denominada “politización de la justicia”, proceso de corrupción en el que se encuentra el Perú desde el estallido del caso Lava Jato, implicando judicialmente a todos o casi todos los líderes y partidos políticos, autoridades y ex autoridades del Gobierno Central. Esta “politización de la justicia” ha llevado al enfrentamiento abierto a los tres poderes del Estado, y está llevando a juicio o investigación a las más altas autoridades en función del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación, así como también a miembros del Poder Ejecutivo, incluyendo a la misma Presidenta de la República. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior entraron en esta dinámica durante la gestión de Dina Boluarte.

En un contexto de total colapso de la Seguridad Ciudadana, mientras el poder Ejecutivo se enfrenta a la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior entraron al juego de la presidenta Dina Boluarte politizando a estas instituciones al hacerlas cómplices y partícipes del supuesto encubrimiento y protección del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, quien bajo la supuesta protección de Dina Boluarte ha logrado burlar a la policía durante meses.

Vladimir Cerrón, fundador y líder máximo de Perú Libre, partido de izquierda marxista pro cubano que llevó a la presidencia a Pedro Castillo y a su vicepresidenta Dina Boluarte, se encuentra prófugo habiendo sido sentenciado por la justicia penal con pena privativa de la libertad por corrupción en la gestión pública. En setiembre, el Ministerio del Interior anunció que se ha incrementado la recompensa para quien ofrezca información que permita su captura. El monto de la recompensa asciende a quinientos mil soles. El caso de Vladimir Cerrón se complicó más aún cuando el fiscal de la Nación interino, Juan Villena, abrió una investigación preliminar en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por presuntamente encubrir al prófugo Vladimir Cerrón. El Ministerio Público le está imputando a la Presidenta  la supuesta comisión del delito de encubrimiento personal debido a que Cerrón habría conseguido escapar de la Policía Nacional en el vehículo presidencial asignado a la mandataria, más conocido como “cofre”, cuando iba a ser detenido en el balneario de Asia en febrero de este año. 

LIMA EN ESTADO DE EMERGENCIA

El cobro por extorsiones ha ocasionado el incremento indetenible de asesinatos y homicidios a Lima y otras ciudades del Perú. 

Conforme avanzó el año 2024 se vio incrementar el número de extorsiones a los empresarios privados del transporte público. Durante el mes de setiembre fueron asesinados cuatro transportistas, además haber resultado baleadas varias unidas de transporte cuando cubrían su ruta asignada, es decir, transportando pasajeros. A mediados de setiembre algunas empresas de transporte de las más importantes y grandes de Lima Metropolitana dejaron de circular temporalmente por miedo a las amenazas. A  fines de setiembre, todos los gremios de empresas privadas de transporte público de Lima fueron a huelga paralizando la ciudad. La respuesta de las autoridades fue: 

1.- Declarar en estado de emergencia a 14 distritos de Lima Metropolitana: El Gobierno declaró en estado de emergencia una docena de distritos de Lima Metropolitana y Callao: Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, Rímac, La Victoria y Ventanilla (Callao).

2.- La creación del Gorex y con apoyo de la Fiscalía: El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció en respuesta a la huelga de transportistas, la creación del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión (Gorex), un equipo especializado de la Policía Nacional del Perú (PNP) compuesto por más de 100 agentes que se dedicarán exclusivamente a investigar y combatir la criminalidad relacionada con la extorsión.A esta medida se sumó, a fin de fortalecer la lucha contra la extorsión en el país, el personal fiscal y administrativo de cuatro fiscalías especializadas supraprovinciales, queha establecido una colaboración estratégica con el Grupo Operativo de Respuesta contra la Extorsión (Gorex) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

3.-Ley de terrorismo urbano para combatir la delincuencia.- Tras el anuncio de la presentación del Proyecto de Ley del Terrorismo Urbano al Congreso de la República por el Ejecutivo en respuesta a la ola de extorisones, secuestros y homicidios, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y 22 gremios empresariales exigieron la derogación de la ley sobre crimen organizado aprobada recientemente por el Congreso, argumentando que esa normativa no brinda una respuesta efectiva frente al crecimiento del crimen organizado en el país. Solicitaron que se tipifiquen delitos como la extorsión y el sicariato bajo el concepto de “terrorismo urbano”, con el fin de endurecer las penas y frenar el avance de estas actividades ilícitas que afectan gravemente a sus negocios. 

EXTORSIÓN: TERRORISMO URBANO

La creciente ola de extorsiones en todo el país ha alcanzado niveles jamás vistos antes en el Perú. Esto ha despertado las alertas en las autoridades y de la ciudadanía, siendo los gremios y los grupos de empresarios parte sensible del problema.

Los transportistas, emprendedores, bodegueros y dueños de establecimientos o negocios son los más afectados. Según la Asociación de Bodegueros, más de 13 mil microempresarios denunciaron robos o extorsiones sólo durante el 2023. Muchos negocios y pequeñas empresas se han vieron obligadas a cerrar no solo en Lima Metropolitana, sino también en las grandes ciudades y capitales de provincias.  

TERRORISMO URBANO

En los últimos años, el concepto de terrorismo urbano ha cobrado mayor relevancia en el Perú debido a la evolución de las dinámicas delictivas y la aparición de nuevos grupos que operan dentro de las ciudades. Aunque el terrorismo en el Perú suele asociarse con el periodo de violencia interna de las décadas de 1980 y 1990 protagonizado por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), el fenómeno ha adoptado una nueva cara en contextos urbanos. Actualmente, el terrorismo urbano se manifiesta a través de acciones violentas que buscan desestabilizar el orden público, sembrar miedo en la población y ejercer presión sobre el Estado mediante métodos como atentados en infraestructuras, secuestros o extorsiones organizadas.

Frente a estas amenazas, la legislación peruana ha tenido que actualizarse para enfrentar este tipo de terrorismo, que es más difuso y menos estructurado que el conflicto armado del pasado. La Ley Nº 25475, promulgada en 1992, establece medidas para la prevención y represión de actos terroristas, así como el Código Penal Peruano que tipifica el delito de terrorismo. No obstante, la normativa ha tenido que adaptarse a las nuevas formas de violencia urbana, como el uso de tecnología para la planificación de atentados y la propagación de ideologías extremistas en redes sociales. Además, las leyes se han endurecido para frenar la colaboración con actividades subversivas y el financiamiento ilícito de organizaciones terroristas.

Uno de los desafíos actuales del Perú es mantener un equilibrio entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos. Mientras que la normativa antiterrorista busca ser eficaz en la prevención y sanción de estos actos, su aplicación ha generado críticas en algunos sectores, especialmente cuando se han percibido excesos en la criminalización de ciertas protestas sociales. La constante revisión de las leyes y la adaptación de estrategias de seguridad serán claves para enfrentar el terrorismo urbano en el Perú y proteger a la ciudadanía sin sacrificar el estado de derecho. 

IMPACTO DEL USO DE LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA.-

El uso de la legislación antiterrorista para combatir la delincuencia común plantea un desafío importante en términos de equilibrios y garantías. Para mejorar su eficacia y asegurar que se emplee de manera justa, es fundamental que el Estado peruano revise y precise los alcances de esta normativa, asegurando que su uso esté claramente delimitado a situaciones en que existan verdaderos actos de terrorismo, y que la delincuencia común, aunque grave, sea procesada bajo el Código Penal ordinario.

Además, se recomienda que el país fortalezca sus mecanismos de seguridad ciudadana a través de políticas integrales que incluyan no solo una normativa estricta, sino también programas de prevención del delito, desarrollo social y fortalecimiento de las instituciones judiciales y policiales. La delincuencia común y la violencia urbana requieren de un enfoque multidimensional que vaya más allá de la simple aplicación de sanciones severas y se centre en la rehabilitación y la inclusión social.

La legislación antiterrorista en el Perú tiene un papel crucial en la protección de la seguridad del Estado, pero su aplicación a la delincuencia común debe manejarse con cautela para evitar excesos y garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

César ORTIZ ANDERSON

Presidente de APROSEC

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