Inseguridad ciudadana: cuando los muertos se multiplican

Por Cesar Ortiz Anderson

Gracias a este gobierno ineficiente, los ciudadanos han incrementado su riesgo de ser la próxima víctima de un abanico de modalidades delictivas qué a diario se dan en las principales ciudades del país, quedando mal heridos o muertos, los sicarios han impuesto el gatillo fácil y sin escrúpulos alguno acribillan a los ciudadanos.

En este contexto, nuestra sociedad sufre de inseguridad ciudadana por la falta de la voluntad política desde el gobierno de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, ambos gobernantes son parte del mismo problema: En este período hemos llegado a la cifra de trece ministros del Interior. Nada hace avizorar que hemos alcanzado la estabilidad en este sector, todo lo contrario. Los audios que comprometen al actual ministro del Interior generarán más inestabilidad. El ministro Santibáñez, está muy cerca de ser interpelado, estamos ante una crisis de inseguridad ciudadana y los escándalos por los audios solo empeoran la situación.

Desde que Pedro Castillo asumió el poder, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú han estado en el centro de una profunda crisis en los últimos años, reflejando la creciente inestabilidad política y social del país. Los problemas en ambas instituciones han incluido desde la falta de liderazgo claro, con numerosos cambios en el titular del Ministerio del Interior, hasta denuncias de corrupción, abuso de poder y malas prácticas dentro de la Policía Nacional. Esta crisis ha afectado tanto la efectividad de las políticas de seguridad pública como la confianza de la ciudadanía en las fuerzas del orden.

Cuando Dina Boluarte asume el poder, la debilidad institucional y la politización del Ministerio del Interior se exacerbó, generando tensiones entre el poder político y las fuerzas policiales. La falta de una estrategia clara y la constante rotación de ministros ha contribuido a la sensación de desorden y falta de dirección en materia de seguridad, afectando gravemente la capacidad del Estado para enfrentar los problemas de criminalidad y violencia que aquejan al país.

Durante la gestión de la presidenta Dina Boluarte el Perú sigue experimentado un incremento notable en la violencia urbana, el crimen y la percepción de inseguridad ciudadana, especialmente en las principales ciudades como Lima, Trujillo y Callao. Factores como la expansión del crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas y el sicarito contribuyen al crecimiento de la delincuencia y los homicidios. Esto genera un ambiente de temor entre los ciudadanos y ha puesto en evidencia las limitaciones de las fuerzas de seguridad para controlar la situación.

El gobierno de Dina Boluarte intentó responder con diversas estrategias, como estados de emergencia localizados, la implementación de mayores controles policiales, el aumento del patrullaje en las calles y la creación de programas de prevención del delito como “Amanecer Seguro”. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía es que estos esfuerzos han sido insuficientes para frenar el aumento de la criminalidad. La falta de confianza en la policía y la ineficacia en el combate a la corrupción dentro de las propias fuerzas del orden han dificultado la implementación de políticas de seguridad efectivas.

Desde el 2021 cuando Pedro Castillo asume el poder con Dina Boluarte como vicepresidenta, ha habido más de trece de ministros del Interior que han pasado por esta cartera, cada uno con propuestas y estrategias que muchas veces no alcanzaron a consolidarse debido a la brevedad de sus gestiones. Esta situación ha generado preocupación sobre la falta de continuidad y coherencia en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción policial y la inseguridad ciudadana.

Con Dina Boluarte en la presidencia, el proceso de politización de la Policía ha llegado al extremo en el que nos encontramos con el ministro Santibáñez. Este es uno de los factores clave que explica esta inestabilidad en el sector Interior es la profunda crisis política que atraviesa el país. Los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso han provocado una rotación constante de funcionarios de alto rango, incluyendo a los ministros del Interior, quienes muchas veces se ven forzados a renunciar debido a presiones políticas o falta de respaldo. Además, los escándalos de corrupción y la gestión inadecuada de situaciones críticas, como las protestas sociales, han erosionado la confianza en los titulares del sector, lo que ha llevado a su destitución o renuncia.

Este ciclo de cambios ha tenido consecuencias significativas en la seguridad interna del país. Cada nuevo ministro intenta implementar su propia visión de la política de seguridad, lo que interrumpe los avances logrados por su predecesor y genera incertidumbre dentro de las fuerzas policiales y en la ciudadanía. La falta de un liderazgo estable en el Ministerio del Interior dificulta la planificación a largo plazo y la implementación efectiva de reformas necesarias, dejando al Perú vulnerable frente a problemas como la criminalidad, el narcotráfico y la corrupción en las fuerzas del orden.

La corrupción instalada por el gobierno de Dina Boluarte en el sector Interior evidencia cómo la impunidad en el poder se ve reflejada en la inseguridad ciudadana que afecta a la población. El caso de Petroperú es un ejemplo claro de cómo la corrupción y la impunidad conducen al Perú hacia el desgobierno. La corrupción en el Perú tiene un impacto directo y devastador en la seguridad ciudadana. Al penetrar en las instituciones encargadas del orden y la justicia, como la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, la corrupción debilita su capacidad para combatir el crimen y proteger a los ciudadanos. Funcionarios corruptos permiten que el crimen organizado prospere, ya sea mediante la venta de favores, la liberación de delincuentes o la complicidad con actividades ilegales como el narcotráfico y la extorsión. Como resultado, la ciudadanía ve afectada su calidad de vida, ya que el Estado no puede garantizar una protección efectiva frente a la delincuencia y el crimen organizado. En última instancia, para mejorar la seguridad ciudadana en el Perú, es crucial implementar reformas anticorrupción que apunten a fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, garantizando que operen de manera autónoma, eficiente y al servicio de la sociedad. 

Finalmente, la inseguridad y la inestabilidad en el Ministerio del Interior en el Perú representan desafíos profundos para el país porque ha debilitado la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado y garantizar el orden interno. El caso del enfrentamiento entre Ministerio Público con el Ministerio del Interior sin duda alguna traerá mucha más inestabilidad política al país, es realmente un grave problema que tendrá un desenlace insospechado.  Si no se toman medidas inmediatas para estabilizar esta cartera y consolidar un liderazgo firme y duradero, la situación podría empeorar, afectando no solo la seguridad ciudadana, sino también la confianza de la población en sus instituciones. 

César ORTIZ ANDERSON

Presidente de APROSEC

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