Exaspirante a cargo en Ministerio Público condenado por soborno en escándalo de corrupción en Ucayali

Pucallpa.- En un caso que ha sacudido al sistema judicial de Ucayali, Lucas Angello Valera Rodríguez, exaspirante a un puesto en el Ministerio Público, ha sido sentenciado a cuatro años y siete meses de pena privativa de libertad suspendida por el delito de cohecho activo específico. La sentencia, dictada por el juez superior Dr. Marco Espíritu Matos del Juzgado Superior Penal de Investigación Preparatoria de la Corte de Ucayali, también incluye una inhabilitación por el mismo período y multas que ascienden a más de 8,000 soles.

El caso destapa una red de corrupción que operaba en el corazón del Ministerio Público de Ucayali en 2019. Según las investigaciones, el entonces presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Luis Alberto Jara Ramírez, lideraba una organización criminal dedicada a vender puestos de trabajo en la institución. Jara Ramírez, aprovechando su posición de autoridad, solicitaba "donativos" a cambio de facilitar la contratación de aspirantes, contando con la complicidad de su asistente administrativa, Jinna Priscila Panduro Hidalgo.

El escándalo salió a la luz cuando Valera Rodríguez, contactado por Panduro Hidalgo, accedió a pagar un soborno de 5,000 soles para asegurar su contratación. Ante la imposibilidad de reunir el monto total, se acordó un adelanto de 1,500 soles, que Valera depositó en la cuenta bancaria de Panduro Hidalgo el 7 de noviembre de 2019. Las conversaciones de WhatsApp y el voucher bancario presentados como evidencia revelaron la naturaleza ilícita de la transacción.

La investigación demostró que el soborno tuvo un impacto directo en el proceso de contratación. En enero de 2020, se emitió un oficio recomendando la contratación de Valera Rodríguez como asistente administrativo en el Ministerio Público. Este documento, encontrado durante un allanamiento, probó cómo el pago influyó en la decisión de Jara Ramírez para impulsar la contratación irregular.

El juez Espíritu Matos fundamentó su decisión en la evidencia contundente de que Valera Rodríguez no solo prometió el soborno, sino que efectivamente entregó el dinero, cumpliendo así con todos los elementos del delito de cohecho activo específico. La sentencia también consideró las declaraciones de los implicados, incluyendo la confesión de Panduro Hidalgo y el reconocimiento de culpabilidad de Valera Rodríguez.

Un aspecto crucial del caso fue el uso de la terminación anticipada, un mecanismo legal que permitió resolver el proceso sin un juicio oral prolongado. Valera Rodríguez, al acogerse a este procedimiento, admitió su responsabilidad a cambio de una reducción en la pena. Esta decisión no solo aceleró el proceso judicial, sino que también garantizó la reparación del daño y la inhabilitación del acusado para ejercer cargos públicos durante el período establecido.

Este caso ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las instituciones públicas de Ucayali. La sentencia envía un mensaje claro sobre las consecuencias de la corrupción en el sistema judicial y administrativo, dejando en evidencia la importancia de la integridad en el servicio público.

Fuente: gob.pe