Análisis del proyecto de ley sobre la estrutura organizacional PNP

Por Cesar Ortiz Anderson

En primer lugar, la denominación de este proyecto de ley al señalarlo como “fortalecimiento” de la Policía Nacional del Perú, es una falacia, porque este tipo de medidas ya ha sido aplicada sin éxito; puesto que esa no es la causa sobre la problemática institucional policial, eso es atribuir falsamente al origen de la situación de crisis que sufrimos, una falsa causa, más bien este hecho se produce por diferente razones, que son las siguientes:

- Un proceso de unificación policial efectuada con criterios netamente políticos y basados en la intención de animadversión y venganza contra sus perseguidores por actos violentistas del aprismo en la década de 1950 sin existir, por lo tanto, criterios técnicos profesionales que la sustente;

- Una medida gubernamental del gobierno de turno 1985-1990 que por el motivo expuesto ni siquiera convocó la opinión de los maltratados supuestos reorganizados: El personal policial;

- Desconocimiento y extinción de un aspecto que es fundamental en la compleja labor policial para poder enfrentar con éxito la delincuencia; es decir, la especialidades funcionales;

- La carencia actualmente de una estrategia orientada a identificar y utilizar los indicadores adecuados para una real medición de la productividad funcional a nivel individual y corporativa dentro de la PNP;

- La excesiva manipulación e injerencia política gubernamental que afecta la mística, la historia, la institucionalidad, la doctrina, la ética y por el ende el desarrollo de la Policía Nacional del Perú que exacerban actos de corrupción en la administración pública y sociedad en general.

Continuando con el análisis, sobre este Proyecto de Ley que generará afectación al Orden y Sistema Democrático encub riendo las reales causas de la problemática señaladas líneas arriba, tenemos que señalar lo siguiente:

- Se señala que esta norma constituye una medida temporal para de manera masiva pasar de la situación de actividad a la de retiro al personal PNP, cuando la califica de ser una medida excepcional -que es un argumento siempre utilizado cuando políticamente se pretende adoptar este tipo de absurdas decisiones gubernamentales- contra el personal policial, aparejando y alegando  la necesidad de convertir a la organización policial en una figura geométrica de forma “piramidal” como un sustento, que no es la primera vez que lo hacen; sino que es propio de gobiernos que reiteradamente han fracasado en la lucha contra la inseguridad, que lo hacen con la PNP por ser vulnerable y no con otras instituciones castrenses con similares características organizacionales.

- En esta vez a diferencia de otras gestiones de gobiernos los involucrados en esta medida, no serán tan sólo como antes, únicamente en el nivel de Oficiales Generales y Superiores, sino que abarcarán otras categorías, jerarquías y grados de la Oficialidad tanto de armas como de servicios, lo que es una afrenta al proyecto de vida del personal policial y familiares, cuando gubernamentalmente se afirma que para esta medida no se tomará en cuenta los años de servicios en la carrera ni en el grado; en este sentido, cuál será el incentivo para las futuras generaciones de jóvenes con vocación policial en nuestro país para postular y enrolarse a la PNP para servir a la Patria con semejante inestabilidad que los puede dejar de un momento a otro en la insolvencia.

- Hay que recordar el uso como estribillo por parte de otras administraciones gubernamentales en el tiempo, que buscando esconder sus limitaciones para dirigir al país frente a la existencia de graves problemas -entre otros- como la inseguridad ciudadana, procurando maquillar sus desaciertos, anuncian esta medida como única y excepcional pretendiendo confundir a la opinión pública, como si esta medida gubernamental resolvería por sí sola, esta problemática lo que constituye una falsa hipótesis  que no puede ocultar la carencia clamorosa de una estrategia del Estado.

- Para que la opinión pública pueda interiorizar esta abusiva medida gubernamental, bastaría que, haciendo uso de la empatía social, hagamos un paralelismo de la profesión policial con otras profesiones de índole civil (Médicos, abogados, ingenieros etc.) donde todas ellas requieren una etapa de formación académica de índole universitario -en el primer caso, de índole interno con rigurosidad plasmada en etapas de formación, capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento sui géneris pero para desarrollarlas en un solo ámbito que es la institucional; es decir, dentro de la PNP a diferencia de otras profesiones civiles aludidas que tienen un espectro más amplio con una gran cobertura. En otras palabras, el policía ejerce sólo su función en la PNP y no fuera de ella quedando en el desamparo laboral cuando deja las filas institucionales, lo que no sucede en otras profesiones civiles que tienen una dinámica migración hacia otras entidades del país y del extranjero sin afectar irremediablemente su proyecto de vida personal, profesional, familiar y social, tal como sucede con el personal policial periódica y sempiternamente.

- En esta expectoración del personal policial que es inminente, puesto que se pretende aplicar en los próximos días, no a fin de año como abusivamente se ha venido aplicando por diversos gobiernos, salvo una rara excepción en el año 2004, en la que el comando institucional de ese entonces impidió esta medida gubernamental inconstitucional y abusiva de súbitos pases al retiro que afectaban el debido proceso y que en esta vez se hará al libre albedrío gubernamental, cuando se dice que esta expectoración funcional se hará teniendo en consideración el registro de uno o más de criterios técnicos de manera indistinta

- Lo que la ciudadanía en general no sabe es que en esta medida gubernamental, no sólo se pasa al retiro supuestamente al personal policial involucrados en actos irregulares, sino que se aprovecha las circunstancias para deshacerse de efectivos policiales que son incómodos para el sistema gubernamental, por decir, que enfrentan con acciones e investigaciones a las altas autoridades que se ven involucrados en actos de corrupción o delitos graves, constituyendo en los hechos una represalia que sirva de amedrentamiento a los cuadros PNP que pretendan a través del cumplimiento de sus funciones ponerlos tras las rejas.

- Ahora esta vez, se ha ampliado intencionalmente los llamados “criterios técnicos” a aplicar y ejecutar por seudas “comisiones especiales” cuyos integrantes tampoco se liberan de estar incursos de estas causales denominadas “criterios técnicos” y que se ven obligados o presionados a cumplir los designios políticos para mantenerse en la institución, bajo riesgo de en otro momento ser también incluidos en este tipo de listados, convirtiéndose sin querer primero en artífices y luego en víctimas de estas afrentas políticas que generan una gran vulnerabilidad institucional y social.

- Hoy mismo el actual Ministro del Interior al presentarse ante la comisión de fiscalización del Congreso de la República, aseverando versiones de poco credibilidad que no convencen a nadie, señaló que la Policía Nacional del Perú ante el exorbitante incremento del índice delictivo, adolece de un déficit de 60,000 (Sesenta mil policías); frente a lo cual, resulta absurdo que fomenten frente a esta realidad el pase al retiro indiscriminado  de personal policial, que ha sido profesional y técnicamente preparados -a costa del erario nacional con déficit presupuestario- es decir, el gobierno se hace el “harakiri” al deshacerse de personal con conocimientos y experiencias acumulados por años e improvisar con personal de reciente egreso con el costo de tiempo, recursos y preparación  que demorará en constituirse frente a una delincuencia común y crimen organizado que ha alcanzado graves niveles de perpetración.

- Es menester señalar, que esta insustentable medida de gubernamental que en los próximos días de ejecutarán, nada menos que cuando sufrimos una situación de caos con un gobierno que se tambalea con acusaciones de todo tipo, se presentará a éste, como una oportunidad de deshacerse de algunos elementos policiales que incomodan a las actuales autoridades, no sorprendería que algunos de estos efectivos que han tenido cierta connotación publicitaria por su protagonismo en investigaciones contra altas autoridades, aparezcan en estos listados de pases al retiro; pues es gubernamentalmente una gran ocasión para ejecutar estas medidas justamente antes de ejecutar los denominados aumentos para el personal policial; de tal manera, el privarlos a éstos de este incremento de remuneraciones para no afectar el ya debilitado erario nacional; pero no toman en cuenta que dicho personal -que no pasa al retiro por medida disciplinaria o infracción administrativa- gozarán en retiro de sus pensiones intactas no obstante, no haber cumplido con los años de servicio como tope institucional; vale decir, un engaña muchachos a costa de sorprender  a todo el país.

Claro está que en toda profesión la aspiración a veces no se cumple de lograr ocupar los más altos cargos, pero eso no se puede satanizar; ya basta con el puesto, cargo, etc., que por sus propias limitaciones no alcanza el personal policial afectado -entre otros- como, por ejemplo:

- Tener sanciones administrativas en las que el personal policial se ve involucrado a veces por su proactividad funcional, frente al que por su ineficiencia es un ser parasitario social;

- El no poder seguir estudios por justamente dedicarse permanentemente a la sacrificada labor operativa policial;

- El no tener condecoraciones por causas ajenas a su voluntad o por la falta de oportunidades para lograrlo;

- El no alcanzar vacantes de ascenso establecidas por el comando justamente por ceñirse a la figura piramidal que no corresponde a la realidad social en el ámbito policial,

- El haber presentado solicitud de baja aún siendo justificada;

- El haber recibido sentencias condenatorias por alimentos recibiendo por ello, otra sanción que afecta el principio de non bis ídem;

- El hecho de haber sido incurso en procesos penales por omisión de asistencia familiar, aunque no haya sentencia judicial;

- El haber sido intervenido en flagrancia por la presunta comisión de un delito o aprehendido físicamente, aunque no esté respaldado con una sentencia judicial condenatoria;

- El estar sujeto a una medida preventiva, arresto domiciliario, comparecencia restringida o simple o impedimento de salida del país, desconociendo el principio constitucional de la presunción de inocencia, entre otros criterios técnicos traídos de los cabellos y creados para embolsar en un solo costal a quiénes afectados con la violación al debido derecho se les incluye en un listado sin derecho a defenderse;

- Y lo más alarmante se aplican estas medidas gubernamentales ante a una situación de crisis de inseguridad ciudadana con clamoroso déficit de efectivos policiales, con el agregado que al excluirse a estos miembros PNP reciben de todas maneras -ya sea en retiro o actividad- estipendio económico del Estado, que es producto de la contribución a través de los impuesto de todos los peruanos.

- Este fenómeno descrito, merece un análisis serio para que no se convierta en una amenaza como espada de Damocles contra el personal policial que tiene que enfrentar a diario la cada vez más alevosa y demencial delincuencia, que requiere muchas veces del coraje, valentía, tino y audacia del personal policial operativa que se ve involucrado en diversas denuncias de diferentes tipos que repercuten negativamente en su vida, salud, libertad, integridad personal y familiar; y no les permite calzar en los requisitos del otorgamiento de diplomas, condecoraciones y reconocimientos diversos que no obstante sus esfuerzos no alcanzan a obtener, vivenciando durante el ejercicio funcional los malos momentos que representa el cumplir con su deber institucional, que se ve lesionado con este tipo de medidas gubernamentales que generan a pesar de lo descrito, afectaciones psicológicas, emocionales, morales etc., de por vida, nada menos que por servir a su patria.

Finalmente, hoy la Institución Policial, no solo está politizada, también amenazada por el poder político del gobierno de turno, anuncian entre bambalinas qué harán una depuración y sacaran a buenos policías qué trabajaban honradamente y siguiendo la Constitución y de acuerdo a Ley.

César ORTIZ ANDERSON

Presidente de APROSEC

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Cel.:999316197 / 998160756

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