Prisión Preventiva para Alcalde de Masisea y Funcionarios por Corrupción

Masisea.- El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo ha impuesto nueve meses de prisión preventiva al alcalde distrital de Masisea, Waldo Guerra Ríos, y a dos de sus colaboradores, por presuntos actos de colusión agravada en detrimento del Estado peruano. Esta decisión responde a la creciente preocupación por la corrupción que parece cernirse sobre la gestión municipal.

La acusación que enfrenta Guerra Ríos y sus asociados, Javier Orlandini Masgo Valerio y Chrystian Jackson Ferreyra Palacios, surge de una investigación exhaustiva que comenzó con la detección de anomalías en las contrataciones municipales. Según los fiscales, los contratos para el mantenimiento de conexiones domiciliarias de agua potable fueron fraccionados dolosamente para evitar los procesos de selección, beneficiando a empresas específicas sin los debidos concursos públicos.

En una declaración paralela, el juzgado dictó medidas restrictivas y estableció reglas de conducta para otros cinco implicados, mientras que Bradley Voob Ruiz Tapullina fue sujetado a prisión domiciliaria durante el mismo periodo. Estas medidas buscan garantizar la cooperación continua de los involucrados mientras avanza la investigación.

Las indagaciones del Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción de Ucayali revelaron que las obras reportadas como casi terminadas en el sistema de la municipalidad, en realidad nunca se llevaron a cabo. Esto incluye la supuesta renovación de vías vecinales y el mejoramiento de la productividad de artesanos en comunidades nativas, proyectos que se reportaron como avanzados pero que, según las fuentes, no existen físicamente.

El caso se complicó aún más cuando la policía confirmó que la totalidad de las obras investigadas, valoradas en cientos de miles de soles, fueron adjudicadas sin cumplir con las regulaciones de selección a Leoming Construcciones SAC, una empresa que, sorprendentemente, ni siquiera está registrada en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

El Ministerio Público y la policía continúan profundizando en la investigación, con la esperanza de descubrir el alcance total de la malversación y asegurar que los responsables enfrenten la justicia. La comunidad de Masisea y los observadores nacionales aguardan con expectativa las decisiones judiciales que puedan restaurar la integridad en la administración pública.

Fuente: Andina