Deforestación Ilegal en el Área de Conservación Cordillera Escalera Afecta 1.2 Hectáreas de Bosque Primario en San Martín

Tarapoto.- La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Martín ha verificado la deforestación y destrucción ambiental de 1.2 hectáreas de bosque primario en el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CR). Este acto ilegal afecta los territorios de las provincias de San Martín y Lamas, en la región de San Martín.

Según informó Queny Pinedo Pezo, jefe de la ACR Cordillera Escalera, la diligencia se realizó el último fin de semana. Los guardaparques Jorge Luis Vela Saavedra, César Andrés Navarro García y Gerver Vela Ruiz acompañaron al fiscal provincial de la FEMA, Berly Rodríguez Sandoval, junto con personal de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) y la Policía Ecológica para constatar la tala ilegal.

La comitiva comprobó que en los sectores Unión de Sarinarca parte alta, Uruhuasha y Moronopampa, situados en la jurisdicción del distrito de la Banda de Shilcayo, provincia de San Martín, los árboles del bosque primario fueron talados ilegalmente.

En Unión de Sarinarca parte alta, se registró la deforestación de media hectárea de especies forestales de valor comercial como mohena, catahua y ojé, con árboles de un metro de diámetro a la altura del pecho por 20 metros de largo. En Uruhuasha, se retiró media hectárea de cobertura forestal, donde existían especies como ojé, paliperro, shimbillo y rifari, y se comprobó el sembrío de maíz desde hace aproximadamente tres meses.

Los infractores, identificados como Wilmer Carranza Díaz y Jhony Cleiser López Tenazoa, argumentaron que desboscaron las áreas para el sembrío de otras especies, basándose en una supuesta interpretación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, conocida como “Ley Antiforestal”, que supuestamente les otorgaría facultades para intervenir en estas áreas protegidas.

Además, el fiscal provincial y la comitiva encontraron que un cuarto de hectárea en Moronapampa, ubicada en el kilómetro 07 de la carretera Tarapoto – Yurimaguas, había sido talada para el cultivo de productos de panllevar como plátano, frejol y cacao, con una antigüedad de tres meses.

El infractor Detuiler Dávila Carbajal fue advertido de abstenerse de realizar más retiros de cobertura boscosa y se le indicó que debe solicitar autorización al ente correspondiente para realizar actividades en el sector, aun cuando el predio tenga título de propiedad.

Queny Pinedo Pezo destacó que estas acciones constituyen un delito, ya que está prohibida la deforestación en áreas de conservación regional. Los infractores están malinterpretando la Ley Forestal, aprobada por el Congreso de la República, por lo que se están tomando las acciones correspondientes.

Especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) han señalado que la Ley 31973 representa un retroceso en la lucha contra la deforestación, ya que modifica el procedimiento de clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM), permitiendo legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario. Además, la aprobación de esta norma vulneró los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, al no ser consultados adecuadamente.

Fuente: Andina

 

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