Acceso a la justicia para las comunidades más vulnerables de Putumayo

Putumayo.- La gestión que posibilitó la itinerancia de los juzgados en la provincia del Putumayo está contribuyendo significativamente al acceso a la justicia para las poblaciones más vulnerables y apartadas de la frontera de Loreto. Un ejemplo de ello es la reciente acción social del Juzgado de Paz Letrado de El Estrecho, donde la jueza se desplazó hasta la comunidad indígena de Puerto Aurora. En esta zona, los pobladores enfrentan situaciones de extrema pobreza y carecen de servicios básicos, por lo que esta intervención resulta crucial.

La comunidad Kichwa de Puerto Aurora, ubicada en San Antonio del Estrecho, la capital de la provincia del Putumayo, es un claro ejemplo de la dificultad de acceso. Sin ninguna carretera operativa, llegar desde Iquitos demanda aproximadamente 20 días de navegación. El río Putumayo, que actúa como frontera natural entre Colombia y Perú, no solo dibuja un contorno limítrofe de 1,600 kilómetros, sino que también es un corredor donde las comunidades interactúan pese a la presencia de narcoguerrillas que han llevado a repetidas declaratorias de emergencia.

Durante su visita, la jueza Gisela Marisol Ahuanari Flores atendió diversas demandas en las viviendas de los pobladores y en el local comunal. Entre los casos tramitados se incluyen demandas de pensión de alimentos, aumento de pensión alimentaria, demandas por paternidad y rectificación de actas de nacimiento. Además, se brindó información sobre los trámites gratuitos del Poder Judicial que no requieren la firma de un abogado, tales como filiación extramatrimonial, ejecución de acta de conciliación de alimentos, declaración judicial de ausencia por desaparición forzada entre 1980 y 2000, y pago de beneficios sociales.

Esta acción fue posible gracias al trabajo articulado entre la Corte de Loreto y el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS). Esta colaboración es vital para acercar el servicio de justicia a las comunidades más desfavorecidas de la región, garantizando así que sus derechos sean atendidos y protegidos, pese a las adversidades geográficas y sociales que enfrentan.

Fuente: La Región