Contra director de ex Aldea San Juan

Juez declara prisión preventiva para Néstor Meneses Huanío por tocamientos indebidos a menores

Será trasladado al penal de Pucallpa mientras se desarrollan las investigaciones.

Pucallpa.- El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, bajo la dirección de la juez Irene Hidalgo Armas, ha emitido un fallo determinante al declarar fundado el requerimiento de 9 meses de prisión preventiva contra Néstor Meneses Huanío.

Este, se encuentra bajo investigación como presunto autor del delito de tocamientos indebidos en agravio de 6 menores de edad, quienes estaban bajo su cuidado en el centro de acogida residencial Ícaro Cobro (anteriormente conocido como aldea San Juan), donde Meneses se desempeñaba como director hasta su detención.

La detención de Meneses Huanío tuvo lugar hace cuatro días en su lugar de trabajo, tras una denuncia presentada por la abogada Gina Rojas del Centro de Emergencia Mujer.

La denuncia se basó en los testimonios de dos adolescentes de 16 y 17 años, quienes informaron sobre presuntos abusos cometidos por el director del centro.

Inmediatamente se iniciaron diligencias preliminares a cargo de la Primera Fiscalía Penal de Yarinacocha, en colaboración con el Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional del Perú.

Estas acciones tuvieron como objetivo esclarecer los hechos denunciados, lo que condujo a la detención de Meneses Huanío.

La audiencia para la solicitud de prisión preventiva se llevó a cabo la tarde de hoy sábado a las 6 p.m., donde el requerimiento fiscal fue declarado fundado por la juez Hidalgo Armas.

En consecuencia, Néstor Meneses será trasladado de manera inmediata al penal de Pucallpa, donde permanecerá recluido de forma preventiva durante el tiempo que duren las investigaciones y hasta el inicio del juicio en su contra.

Esta decisión judicial marca un paso importante en la búsqueda de justicia para las presuntas víctimas y envía un claro mensaje sobre la gravedad de los delitos de abuso sexual, especialmente cuando se cometen en contra de menores de edad.

El sistema judicial continuará trabajando para garantizar el adecuado desarrollo del proceso legal y el castigo correspondiente para aquellos que infrinjan la ley y atenten contra la integridad de los más vulnerables.


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