Arroz con mango

Por David Silva Escalante

Nos demoramos un poco en opinar sobre los líos que estamos observando hay entre los tres poderes del estado.

Aun hoy entendemos muy poco, pero veamos.

Se  acusa a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides de coaccionar a algunos congresistas  para votar de la manera que ella quería en el caso de la suspensión de  la Fiscal de la Nación de ese entonces Zoraida Avalos. Quien fue suspendida para ocupar  cargo público por 10 años, se dice que lo logró con la presión ejercida  por su asesor "EL Filosofo".

También se dice que influyó en la  votación para la elección del Defensor del Pueblo. Cuando todos sabemos  que eso fue un acuerdo antinatural entre Keiko y CERRÓN,  quienes  acordaron para que Keiko elija al TC y así lograr la libertad de Alberto  Fujimori y CERRÓN se quedaba con la defensora del pueblo para poder  tener vigencia con su partido Perú Libre en todo el país,  como lo hace con los  prefectos, que son hasta hoy los elegidos en el gobierno del ignorante  ladrón, lo que prueba que la Dina recibe ordenes de CERRÓN. 

Antes  de ser suspendida la Fiscal Benavides acusa constitucionalmente a la  Dina y a OTAROLA,  ante el congreso para poder investigarlos  por los 70  muertos de las protestas de Diciembre 2022 , torpeza política por que  no era el momento y todos sabemos que esa gente fue carne de cañón de Perú Libre  y de los terroristas.

La reacción del ejecutivo fue pedir la cabeza de la Fiscal de la Nación, lo que logró.

Hoy  el nuevo Fiscal de la Nación Pablo Sanchez anunció su declinación a favor  del otro miembro de la Junta de Fiscales Supremos, quien seguramente  activará las acusaciones contra los congresistas "Niños" y los mocha  sueldos.

El congreso reacciona y presenta moción para remover a  la JNJ, moción que se verá pronto, todo indica que no hay los votos, me  imagino que muchos congresistas estarán negociando no ser acusados.

Así  las cosas, nosotros creemos que se debe hacer una asamblea de ex  magistrados y juristas notables para reformar el poder judicial, la  Fiscalía de la Nación y el Reglamento del Congreso.

En especial la Ley de partidos políticos y la ley del JNE.