Alcaldes de frontera se unen para exigir desarrollo y atención a sus comunidades olvidadas

Atalaya.- En un acto de unidad y compromiso con el desarrollo de sus comunidades, los alcaldes provinciales y distritales de Atalaya, Purús, Ramon Castilla, Clemente Clavero, Putumayo, Caballococha, Coronel Portillo, entre otros, han acordado reunirse con el equipo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para exigir criterios de desarrollo que atiendan las necesidades de las municipalidades de frontera, que han sido olvidadas por más de tres décadas.

La dirección de este evento crucial estuvo a cargo del alcalde provincial de Francisco de Asís Mendoza de Souza, quien instó a sus homólogos a persistir en sus demandas y exigir al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otros ministerios que prioricen las zonas fronterizas para su desarrollo integral.

El burgomaestre provincial destacó la importancia de la conectividad como prioridad fronteriza para el desarrollo familiar, enfatizando la necesidad de inversión en aeropuertos, autopistas y, sobre todo, el incremento del presupuesto para ejecutar acciones que garanticen la subsistencia de la población.

Los alcaldes confirmaron su participación en la reunión programada para el 19 de diciembre, donde expondrán sus problemáticas.

Destacaron que el MEF dispone de un presupuesto insuficiente debido a la lejanía, lo cual dificulta la realización de obras de desarrollo.

Las municipalidades fronterizas, en especial las que limitan con Colombia y Ecuador, se ven afectadas por la escasez de materiales y productos, que solo llegan dos veces al mes vía fluvial, mientras que el flete aéreo resulta prohibitivo en términos de costos.

Otro aspecto crítico que obstaculiza el desarrollo fronterizo es la aplicación de la Ley N°28736, destinada a la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, así como la Ley N°29735, que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú.

Estas leyes, aunque destinadas a proteger, complican la explotación de lotes petroleros que podrían contribuir al sustento de la población en estas zonas fronterizas.