Concejo Municipal de Atalaya aprueba Reglamento del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2025

Atalaya.- Durante las sesiones ordinarias del Concejo Municipal celebradas los días 25 y 26 de octubre, se abordó el expediente N° 0049757-2023 relacionado con la aprobación del Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo basado en resultados para el Año Fiscal 2025 de la provincia de Atalaya.

Esta medida tiene como objetivo principal priorizar proyectos para los años 2025-2027 y promover un enfoque basado en resultados en la gestión pública.

La propuesta fue presentada y sustentada por el Econ. Máximo Palacios Sánchez, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, quien es especialista en Documentos de Gestión-GPPyR.

Palacios Sánchez destacó la importancia de este reglamento para el desarrollo de proyectos en la gestión actual y para involucrar de manera efectiva a la comunidad en la toma de decisiones.

A través del Acuerdo Nº 119-2023, se aprobó la Ordenanza Municipal sobre el Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2025 de la provincia de Atalaya. Este reglamento se enfoca en establecer mecanismos y pautas para la realización del proceso del Presupuesto Participativo tanto en los Gobiernos Regionales como en los Gobiernos Locales. Todo esto se enmarca en la Ley Nº 28056, que es la Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento.

En los próximos días, se llevará a cabo la oficialización de este reglamento mediante un Decreto de Alcaldía. Además, se ha encomendado a la Gerencia Municipal, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, y a las unidades orgánicas competentes, la responsabilidad de cumplir con lo dispuesto en el presente Acuerdo de Concejo y Ordenanza Municipal. Finalmente, se espera su pronta publicación.

La aprobación de este reglamento es un paso significativo hacia una mayor participación de la comunidad en la definición y priorización de proyectos que impactarán en la provincia de Atalaya en los próximos años. Esta medida no solo promueve la transparencia en la gestión pública, sino que también refuerza el compromiso de las autoridades locales con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.