La inseguridad ciudadana en Perú-Chile y Ecuador

Por Cesar Ortiz Anderson 

Es un problema no menor la inseguridad ciudadana en la mayoría de países de la Región, pero 2 de ellos ya empezaron a sentar bases con una visión holística del fenómeno, por ejemplo en Chile la ministra del Interior, Carolina Toha, se reunió con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados así como el ministro de Justicia, para avanzar en la agenda legislativa en materia de seguridad ciudadana, luego de la muerte de 3 carabineros en menos de un mes, la última de ella la madrugada del jueves Santo, como es la diferencia en un País cuando existe una política de Estado, ya luego de esa reunión se han fijado 10 proyectos de Ley para que sean trabajados en los próximos días, estos están relacionados con cambios administrativos para "notificar la expulsión de migrantes ilegales", propuestas que desde Aprosec venimos planteando hace años, normas de usurpación y de libertad provisional, reiteración de delitos, creación del Ministerio de Seguridad y Ley de Ciberdelincuencia, entre otras, el presidente del Senado califico como un esfuerzo potente de todos.

Hay que recordar que en Chile se vivió días atrás una jornada de mucha consternación tras la muerte de un agente de Carabineros mientras realizaba un control rutinario en pleno centro de la capital, las investigaciones apuntan a que fueron delincuentes de nacionalidad venezolana, lo que genero la reacción de políticos, autoridades para tomar de inmediato medidas urgentes contra la delincuencia y la violencia. 

La muerte del Carabinero coincidió con el día en el que se aprobó en el parlamento una polémica Ley de seguridad-Ley Nain-Retamal, denominada también la "Ley del gatillo fácil", ya que otorga más facultades a Carabineros en el uso de armas de fuego y que era parte de un paquete de medidas de seguridad ciudadana impulsadas por el Gobierno y el Congreso para ser tramitadas con urgencia, sin duda Chile está yendo de la palabra a la acción en materia de seguridad ciudadana. 

En Ecuador se está viviendo una inseguridad ciudadana muy complicada, para entender ello en cifras señalamos que en el año 2022, el año pasado se registraron 26 homicidios por cada 100,000 habitantes, una cifra que casi cuadruplica a la cifra del año 2020 y en un contexto de ascendente delitos y violencia, ante ello el Presidente Guillermo Lazo dicto el Decreto 707, que autoriza el porte de armas por civiles para defensa personal, hay que señalar que el país no cuenta con datos abiertos al público sobre la tenencia y portes de armas de fuego de manera legal, hay un dato del año 2017 de un estudio realizado por la firma Small Arms Survey, con sede en Suiza, que consigno que 402,000 armas de fuego estaban en manos de civiles, pero el 58% de ellas no estaban registradas ante las autoridades, en ese año la tasa de tenencia de armas de Ecuador era de 2.4 por cada 100,000 habitantes, parecida a nivel del Perú y muy por debajo de Uruguay que tienen la tasa más alta en Sudamérica, con 34.7 de tenencia de armas por cada 100,000 habitantes, sin duda este anuncio  ha generado mucha controversia, hay voces a favor y voces en contra, por ejemplo la Universidad de Cuenca saco un comunicado rechazando tal medida, ya que consideran " Transferir a los ciudadanos la responsabilidad estatal de seguridad y protección".

Diversos estudios demuestran que el uso de armas de fuego incrementan los homicidios, feminicidios, suicidios y la violencia social en general, en la otra orilla, la bancada del conservador partido Social Cristiano dijo que apoyan la autorización del porte de armas y que venían dos años pidiendo que se haga, ya que dependía exclusivamente del Ejecutivo, el Decreto 707 aprobado detalla que las armas que podrán portar los civiles ecuatorianos son pistolas hasta calibre 9 mm, semiautomáticas con alimentadores de hasta 10 proyectiles revólveres hasta calibre 38 y escopetas recortadas del calibre 10 al 410, además , se habilita el uso civil de aerosoles de gas pimienta, hay un plazo de 6 meses para elaborar el reglamento del Decreto. 

En Perú que tenemos la más alta tasa de delito urbano de la Región, continuamos sin tener una Política de Estado, sin tener una visión holística de la problemática, con una iniciativa aprobada por el Congreso para que el personal del serenazgo puedan hacer uso de armas menos letales y contradictoriamente el mismo Congreso de la Republica aprueba para el año 2023, el gasto previsto para el Orden Público y Seguridad Ciudadana en los 3 niveles del Estado alcanza el 6.1% del presupuesto nacional, un monto que tendrá poca relevancia a uno de los principales problemas de la ciudadanía, el presupuesto nacional aprobado asciende a los S/ 223,440 millones de soles y el 6.1% asignado serian S/ 13,636 millones de soles, monto de poca relevancia para combatir la inseguridad ciudadana que hoy vivimos, más aún cuando de los S/ 13,636 millones el 84% estará a cargo del Ejecutivo a través del Ministerio del Interior y el 16% restante S/ 2,202 millones serán distribuidos a las regiones y municipios de todo el país 

Finalmente, nos queda claro que a los políticos en general no les interesara la seguridad de todos los peruanos, ellos si están más que resguardados con los equipos policiales que tienen asignados, el alcalde de Lima señalo ante el homicidio cometido por un limpia parabrisas venezolano a un conductor en el cercado de Lima, quedara prohibida esa labor. 

Cesar Ortiz Anderson 

Presidente de Aprosec 

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