Presidente de la corte superior de ucayali escuchó reclamos de la población de Santa Clara de Uchunya

Pucallpa.- El presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Américo Torres Lozano, abrió las puertas de su despacho a los pobladores de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, quienes han denuncian por prevaricato a la jueza del Juzgado Civil Permanente de Campoverde, Liz Ivonne Torres Díaz, por incumplir sus deberes funcionales. 

Asimismo, por pretender destituir a sus actuales autoridades, queriendo imponer por mandato judicial y por la fuerza, a Carlos Hoyos que no fue elegido por la población y que ni siquiera es comunero pues fue expulsado por la misma comunidad. 

Foto: Jueza del Juzgado Civil Permanente de Campoverde, Liz Ivonne Torres Díaz

Así lo dio a conocer a la prensa el abogado Bryan Robles Sajami, defensor de la comunidad shipiba-koniba, ubicada en el distrito de Nueva Requena, quien refirió que esta era la primera vez que un alto magistrado, como Torres Lozano, se interesaba en conocer y tratar de resolver el reclamo de una comunidad nativa. 

El abogado defensor señaló que se le informó que la citada magistrada resolvió conceder de manera ilegal y atropellando los derechos de los nativos, una medida cautelar en tiempo record, que impone como jefe a una persona que no es reconocido por la comunidad y cuyo mandato expiró en noviembre de 2021, desconociendo así la voluntad del pueblo y su libertad a elegir su destino. 

Esto sucedió en el frontis de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, donde se produjo un plantón como protesta masiva de los pobladores de Santa Clara de Uchunya, debido al descontento social que ha originado la jueza Torres Díaz, al emitir una medida cautelar que pretende destituir al jefe de la comunidad Wilson Barbarán Soria e imponer a otro en su lugar. 

Bryan Robles precisó que Torres Díaz cometió prevaricato al admitir la demanda fuera de los plazos de ley y conceder luego, en tiempo record, la medida cautelar sin haber investigado el caso ni dado derecho de defensa a la comunidad, atropellando sus derechos nativos y violando la Constitución del Perú. 

El defensor de la comunidad nativa precisó que el doctor Torres Lozano les dijo que iba a tomar cartas en el asunto y que iba a conversar con la jueza Liz Torres Díaz, para que le explique por qué admitió a trámite una demanda fuera del plazo de ley y por qué concedió una medida cautelar, sin que se haya fundado en hechos ciertos. 

El doctor Bryan Robles dijo que detrás de Carlos Hoyos se encuentran algunas ONGs, que pretenden imponerlo para seguir supuestas actividades ambientales en las comunidades, y lucrar con los dineros que vienen del extranjero. 

Finalmente, remarcó que hace unas semanas la comunidad hizo público que pidió a ciertas ONGs, como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Forest People Program (FPP) que no utilicen el nombre de la comunidad para fabricar conflictos inexistentes y que respeten su voluntad de vivir en paz con sus vecinos.