Presentan denuncia por presunta violación sexual contra niña con discapacidad en Aldea Infantil

Pucalpa.- La Defensoría del Pueblo, en su rol de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar la aplicación en el Estado peruano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD) de la ONU, demandó al Gobierno Regional de Ucayali, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio Público, Seguro Integral de Salud (SIS), Hospital Amazónico, Reniec, Alegra, así como a la UGEL y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha implementar acciones para proteger y garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad que residen en el CAR Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha.

Al respecto, la institución constató, durante supervisiones al referido CAR, que, de las 65 personas residentes, hay 19 con discapacidad más vulnerables que no viven en condiciones dignas e incluso se ha registrado una denuncia por violencia sexual.

En efecto, en el caso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad la falta de atención a su salud no posibilita conocer su real condición de salud física y mental. Incluso, en las visitas, se observó que muchas/os de ellas/os tienen aspecto famélico y algunas/os no están incorporadas/os al SIS, ni cuentan con certificado de discapacidad.

De la misma manera, se verificó que sus historias clínicas de atenciones físicas y psicológicas están desactualizadas o son inexistentes. También dos personas menores de edad se encontraban en estado de somnolencia y ralentización de sus movimientos, por lo que preocupa que estén recibiendo medicación sin que el personal tenga a la mano las indicaciones médicas, las cuales tampoco fueron proporcionadas a la Defensoría del Pueblo. En ambientes del comedor y almacén de medicamentos, se observó alimentos y medicinas vencidos.

Respecto al derecho a la educación, de 10 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, se advirtió que siete están excluidos del sistema educativo y de los demás se desconoce la calidad y pertinencia educativa que recibirían.

Con relación a la infraestructura y mobiliario, según información proporcionada por personal del CAR, no cuentan con Constancia de Acreditación ente el Registro Central de Instituciones, tampoco Licencia de Funcionamiento ni Certificado de Defensa Civil. Además, se evidenciaron colchones en mal estado, rotos y desgastados; lavatorios y duchas sin accesorios; las puertas de baños sin cerraduras y sin acondicionamiento con barras de apoyo para el uso de personas con discapacidad motora o movilidad reducida; las puertas de los dormitorios sin cerraduras; algunos techos sin cielo raso, lo que da lugar al ingreso de animales a las casas; la basura no es retirada de manera oportuna, hecho que genera malos olores y presencia de insectos y otros animales.

Las condiciones de seguridad tampoco son adecuadas, pues en las habitaciones se encontraron cordones eléctricos sin recubrimiento, con el peligro de que las/os residentes puedan electrocutarse; pisos rajados y con algunas perforaciones que permiten el ingreso de animales a las casas; fugas de agua; tubos de desagüe que desembocan en el interior de algunos cuartos produciendo olores nauseabundos.

“Las condiciones de vida de las personas con discapacidad residentes en este CAR evidencian que el Estado no está cumpliendo con su obligación de protección especial y prioritaria hacia esta población vulnerable con discapacidad, afectando sus derechos fundamentales. Es urgente que las autoridades adopten las medidas necesarias para protegerlos, incluido el eventual cierre del CAR y traslado de las personas a otro, que garantice condiciones de vida digna y otros derechos”, señaló Malena Pineda, a cargo del MICDPD.

No menos preocupante resulta que, el 15 de diciembre de 2021, la Defensoría del Pueblo tomara conocimiento respecto a un presunto acto de violación sexual contra una adolescente de 12 años de edad, con retardo mental leve, quien manifiesta haber sido agredida sexualmente por parte de otro adolescente también residente del CAR. Según la denuncia, no sería la primera vez que es víctima de agresión sexual.

Ante esta grave situación, la institución puso en conocimiento de los hechos a las autoridades correspondientes, sosteniendo reuniones de trabajo dirigidas a resolver, en lo inmediato, estos problemas. En esa línea el día de ayer, el GORE Ucayali tomó la decisión de transferir por completo la administración del CAR Aldea Infantil San Juan de Yarinacocha al Inabif en beneficio de las 65 personas residentes, con y sin discapacidad.

“Saludamos esta decisión, así como la disposición del Inabif que se ha comprometido a adoptar las acciones inmediatas y urgentes para brindar protección y garantizar las condiciones de vida digna y el ejercicio de los derechos conexos de niñas, niños y adolescentes, con enfoque de discapacidad e interseccionalidad”, agregó Pineda.

La Defensoría del Pueblo, en su condición de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, seguirá atenta a las acciones que se desarrollen y al respeto de sus derechos fundamentales.

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